Se estarían analizando deudas, sanciones y conceptos por el pago del Impuesto a las Ganancias.

Mientras el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y el Gobierno se concentran en el proceso de revisión quinquenal de tarifas eléctricas en Mendoza, Edemsa ya formalizó al Gobierno su intención de continuar con la concesión del servicio que ya cumple 20 años desde su privatización.

El pedido se hizo a través de un escrito firmado por los accionistas de Sodemsa, la sociedad controlante que lideran Daniel Vila y José Luis Manzano.

Al parecer no será sólo una renovación más del vínculo, ya que además de coincidir con la RTI (Revisión Tarifaria Integral), la compañía afronta una serie de reclamos cruzados por la prestación del servicio y deudas.

El planteo, al que le falta el visto bueno oficial para completarse, no afronta un escenario muy sencillo. El Ejecutivo quiere que la empresa se ponga al día con las multas por fallas del servicio según los monitoreos semestrales del Epre, que llegó a judicializarse a partir de 2016; pero además, la renovación por otros 10 años trae aparejados cambios en los llamados “parámetros de calidad del servicio”, es decir que se pone una vara más alta para el concesionario, sin contar con el cumplimiento de la pauta anual de inversiones.

En tanto, Edemsa mantiene congelado un reclamo ante la Justicia contra el Estado Provincial por desfasaje tarifario durante la llamada Convergencia Tarifaria que la gestión anterior mantuvo entre 2013-2015, más allá del reconocimiento firmado por decreto hace un par de años.“La empresa manifestó su voluntad tiempo atrás de seguir con la concesión. Respecto a la deuda, ya se instrumentó un plan de pago, con lo cual Edemsa ya no figura como deudor”, consignaron fuentes de Edemsa.

Las condiciones

Desde el Gobierno, donde el trámite oscila entre el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema y el de Gobierno, Dalmiro Garay, admiten que “hay faltas de las dos partes” por subsanar o compensar, y que “hay que encarar un proceso de renegociación”.

En la historia aparece una deuda de más de $ 1.400 millones que venía acumulándose con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El Ejecutivo ya había anticipado que su no cancelación podía ser causal de recisión de contrato. Por otra parte, hay un POO (Plan Obligatorio de Obras) acordado con la Provincia que ya certificó más de $570 millones.

Otro punto importante para el concedente es la modificación de los “parámetros de calidad del servicio”, algo determinante para las multas.

Momentáneamente el límite es de 7 interrupciones de no más de 10 horas cada uno, y de 9 y 11 para la zona rural. De superarse, la multa toma un valor por kw 20 veces superior al que se factura a los usuarios, que deben recibir una bonificación en las boletas por el importe de la multa prorrateado.

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